Decreto

De OSGOES
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ÓRGANO EJECUTIVO

DECRETO Nº XYZ

EL PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA DE EL SALVADOR

CONSIDERANDO:

  1. Que de conformidad con el artículo 53 de la Constitución, es deber del Estado propiciar la investigación y el quehacer científico.
  2. Que el Gobierno de El Salvador es signatario de la Declaración de Principios de la Cumbre Mundial sobre la Sociedad de la Información, la cual establece en sus artículos 27 y 39 que "Se puede fomentar el acceso a la información y al conocimiento sensibilizando a todas las partes interesadas de las posibilidades que brindan los diferentes modelos de software, lo que incluye software protegido, de fuente abierta y software libre, para acrecentar la competencia, el acceso de los usuarios y la diversidad de opciones, y permitir que todos los usuarios desarrollen las soluciones que mejor se ajustan a sus necesidades. El acceso asequible al software debe considerarse como un componente importante de una Sociedad de la Información verdaderamente integradora. El Estado de Derecho, acompañado por un marco de política y reglamentación propicio, transparente, favorable a la competencia, tecnológicamente neutro, predecible y que refleje las realidades nacionales, es insoslayable para construir una Sociedad de la Información centrada en la persona. Los gobiernos deben intervenir, según proceda, para corregir los fallos del mercado, mantener una competencia leal, atraer inversiones, intensificar el desarrollo de infraestructura y aplicaciones de las TIC, aumentar al máximo los beneficios económicos y sociales y atender a las prioridades nacionales."
  3. Que el Gobierno de El Salvador tiene como objetivo el apoyar los programas de transformación y modernización de los sectores productivo, educativo y estatal, así como establecer áreas temáticas estratégicas, dentro de las que se haya la formulación y ejecución de políticas y estrategias relacionadas con las Tecnologías de la Información y la Comunicación en el ámbito del Sector Público salvadoreño, con el propósito de alcanzar mayores niveles de eficacia y eficiencia en los servicios del Estado, y a la vez contribuir a crear una infraestructura de las Tecnologías de la Información y la Comunicación que potencien los sectores productivo y educativo nacional.

POR TANTO,

en uso de sus facultades constitucionales,

DECRETA:

   Art. 1.- Para la mejor interpretación y aplicación del presente Decreto se entenderá por:

  1. Software o programa de ordenador: cualquier secuencia de instrucciones usada por una computadora para llevar a cabo una tarea específica o resolver un problema determinado. Entiéndese por hardware a todas las partes físicas y tangibles de una computadora: sus componentes eléctricos, electrónicos, electromecánicos y mecánicos; sus cables, gabinetes o cajas, periféricos de todo tipo y cualquier otro elemento físico involucrado.
  2. Software preinstalado: software que ha sido instalado en una computadora antes de su entrega al comprador, y que por tanto está incluido en el precio de compra de dicho equipo (sistemas operativos, herramientas de productividad, aplicaciones de ofimática, entre otros).
  3. Código o programa fuente de un software: conjunto completo de instrucciones y archivos digitales originales creados y/o modificados por quien lo programara y, por tanto, debe estar en un formato entendible por seres humanos. En dicho conjunto se incluyen todos los archivos digitales de soporte como tablas de datos, imágenes, especificaciones, documentación y cualquier otro elemento que sea necesario para producir el programa ejecutable del software a partir de ellos. Únicamente podrán excluirse de este conjunto aquellas herramientas y programas como compiladores, sistemas operativos y bibliotecas entre otros, los cuales ya sean distribuidos por otros medios mediante licencias compatibles con la licencia del conjunto anteriormente descrito.
  4. Trabajo u obra derivada: cambios, revisiones, anotaciones, traducciones u otras modificaciones que, consideradas en conjunto, son un trabajo de autor original creado a partir de una u otras obras ya existentes sujetas, obras que están sujetas a ciertos términos de licenciamiento.
  5. Software libre o de código abierto: aquel cuya licencia garantiza al usuario, sin costo adicional, las siguientes facultades:
    • Uso irrestricto del programa para cualquier propósito;
    • Inspección exhaustiva de los mecanismos de funcionamiento del programa;
    • Confección y distribución de copias del programa;
    • Uso de los mecanismos internos y de porciones arbitrarias del programa para adaptarlos a las necesidades de la persona usuaria, así como el permiso explícito de creación de obras derivadas del programa y distribución libre, tanto de las alteraciones como del nuevo programa resultante.

    Estas facultades presuponen acceso al código fuente del software, por lo tanto, para calificar un programa como abierto o libre, la persona física o jurídica propietaria de los derechos económicos de autor en los términos definidos por la Ley de Propiedad Intelectual en sus artículos 7, 32 y 33 deberá garantizar a las personas usuarias el acceso a una copia de su código fuente en forma gratuita, o a cambio de un cargo de servicio que no podrá ser significativamente mayor al costo habitual de mercado de materiales, mano de obra y logística necesarias para la confección y despacho de dicha copia, costos calculados según precios y tarifas del momento en el que la solicitud del código fuente se realice.

  6. Software privativo, propietario, de código cerrado o no libre: aquel que no cumpla, en todo o en parte, uno o varios de los criterios expuestos en el inciso e) del presente artículo.
  7. Software público: software libre o de código abierto que es incorporado, desarrollado, compartido o divulgado por uno o varios de los tres poderes del Estado: Judicial, Legislativo y Ejecutivo.

   Art. 2.- Las entidades públicas, por medio de la evaluación constante de las diferentes opciones existentes para suplir sus necesidades informáticas, deberán buscar el mejoramiento de los procesos informáticos de una manera eficaz, eficiente y cooperativa, a su vez respetando las leyes y normas que rigen su uso, y permitiendo su adecuación progresiva a las futuras necesidades tecnológicas.

   Art. 3.- Las entidades públicas, en los procesos de adquisición de software así como en los procesos de adquisición de hardware con software preinstalado, deberán determinar mediante los correspondientes estudios de factibilidad a corto, mediano y largo plazo si es imprescindible la utilización de programas privativos para satisfacer sus necesidades informáticas antes de proceder a la compra o contratación de dichos programas, factibilidad que también deberá contemplar los costos de implantación de la herramienta a elegir, ya sea ésta libre o privativa, a fin de que estos procesos de adquisición se realicen de forma transparente y de conformidad con los compromisos internacionales vigentes y debidamente ratificados por El Salvador.

   Art. 4.- Las entidades proveedoras de hardware, en los procesos de adquisición de equipos de cómputo de las entidades públicas, deberán ofrecer a éstas diferentes opciones en el concepto de software preinstalado. Dichas opciones comprenderán tanto la entrega del hardware sin ningún tipo de software preinstalado como diferentes productos de software libre o privativo, ello con el fin de evaluar todas las posibilidades.

   Art. 5.- El presente Decreto entrará en vigencia 8 días a partir del día de su publicación en el Diario Oficial.


DADO EN CASA PRESIDENCIAL: San Salvador, a los ## días del mes de #### de dos mil diez.


CARLOS MAURICIO FUNES CARTAGENA
Presidente de la República